La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el arco opositor que establece el nivel jubilatorio en 82% móvil respecto del salario del trabajador en actividad. El texto prevé también el cambio en la fórmula de movilidad y la recomposición de los haberes jubilatorios de acuerdo con el "fallo Badaro".
Tras más de 12 horas de debate, los bloques opositores se impusieron por 136 votos contra 89. El proyecto fue girado a la Cámara Alta, donde se prevé una definición más ajustada.
Tras más de 12 horas de debate, los bloques opositores se impusieron por 136 votos contra 89. El proyecto fue girado a la Cámara Alta, donde se prevé una definición más ajustada.
La sesión estaba prevista para las 14 del miércoles y se inició formalmente más de media hora más tarde. Existía un compromiso de dar quórum, a pesar de que los bloques de la oposición continuaban negociando cómo contemporizar los dos proyectos en debate.
Dos horas antes del inicio de la sesión, Cristina Kirchner dijo que si la oposición avanzaba, el país iba a caer en default en tres meses. En medio del debate siguen confrontando los legisladores del oficialismo, los que defienden el dictamen de mayoría y la postura de Proyecto Sur.
Claudio Lozano, diputado de esa fuerza política, defendió el proyecto de minoría: "El núcleo pasa porque no se puede plantear esta propuesta si no se puede explicitar cuál es el financiamiento".
Mauricio Ibarra (Peronismo Federal), presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, fue el miembro informante del dictamen de mayoría. "No me imagino a Perón haciendo un power point para decirle no a un aumento a los jubilados", disparó.
Gustavo Marconato (FpV), presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, insistió con el discurso oficial: "No hay recursos para financiar el 82%. No es posible", lanzó. Y señaló que la oposición quiere desfinanciar al Estado.
El dictamen de mayoría es impulsado por la Coalición Cívica, la UCR, el PRO y el Peronismo Federal. El otro dictamen, el de minoría, lleva las firmas de Proyecto Sur y GEN y la diferencia central que tiene respecto al otro es que explicita una forma de financiamiento. Propone un restitución de los aportes patronales para financiar la suba jubilatoria. Ayer a la tarde, Proyecto Sur dio una conferencia de prensa para dejar en claro que hoy defenderá esta postura en el recinto.
Ese proyecto es rechazado por los demás bloques ya que implicaría un costo al sector empresario y algunos legisladores argumentan que podría agrandar el empleo en negro o generar despidos. El dictamen de mayoría no específica la forma de financiación, aunque una fuente sería, en parte, el superávit de la Anses. Anoche, el bloque A habría accedido a incluir este artículo. Así, el GEN y el PS votarían en general el proyecto y plantearían diferencias en la votación por artículos. Proyecto Sur, en cambio, se abstendría.
En los demás puntos, la oposición en pleno concuerda: tanto en el cambio en la fórmula de movilidad como en la recomposición de los haberes jubilatorios de acuerdo con el fallo Badaro y Sánchez. Eso queda claro, aunque con particulares diferencias de argumentación, en casi toda la oposición.
La jubilación mínima, de prosperar el proyecto, pasará a 1.427 pesos (desde septiembre está en 1.041) para cinco millones de personas. Demandará una erogación extra de 22.000 millones de pesos anuales, según cálculos de algunos sectores. Otros estiman que rondan los 27.000 millones. El proyecto pasará al Senado, donde el FpV tiene más posibilidades de frenarlo, y en caso de que no lo logre, la Presidenta podría terminar vetándolo.
Durante la sesión, que podría extenderse hasta la madrugada, Felipe Solá arengó: "Es mejor que la plata esté en las manos de los jubilados, y no en empresas según disponga la Presidenta o su marido". Aseguró que estaba indignado porque "no conocemos cómo se gastan los fondos de la Anses. Lo hacen con el dedo", bramó.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, "es intolerable que los jubilados financien a los niños; es intolerablemente injusto y reaccionario". Y disparó: "Por qué no paramos una industria del juicio que en algún momento va a ser pagada con bonos".
La diputada Graciela Camaño, del Pj Disidente cuestionó la argumentación oficial que señala que el aumento es inviable. "Si puede el jefe de Gabinete movilizar partidas cómo no vamos a poder nosotros, sobradamente. A mí me gustaría saber cuánto le falta al señor Grondona para financiar el fútbol. Cuánto falta para seguir pagando subsidios cruzados. Cuánta plata más se va a sacar del ANSeS para pagar a tasas de interés paupérrimas", señaló.
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