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¿Qué evaluación hacen sobre los dichos de la presidenta ayer?
Es una buena noticia que el tema forme parte del pacto social, como dijo la presidenta es necesario encontrar una solución normativa. Como hecho destacado consideramos que es parte de los requisitos para sostener los logros que en estos años el sistema ha conseguido especialmente en materia de siniestralidad con la baja de casi el 60% de los fallecidos. Las mejoras prestacionales tanto sea para las atenciones médicas, en especies, en traslado, como así las prestaciones dinerarias del propio poder ejecutivo que mejoró en noviembre del año pasado.
¿Ustedes tienen datos de cómo está funcionando la justicia con los juicios de riesgo laboral? Sabemos que hay abogados que están trabajando pero no a beneficio de los empleados, sino a sus propios necesidades...
Conocemos las estadísticas que se manejan desde los organismos oficiales como la Superintendencia de Seguros de la Nación, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que ha creado recientemente un registro de juicios. Los datos reflejan el crecimiento que han tenido los juicios en estos últimos seis años, que se han multiplicado por 20 y honestamente cuando uno compara los indicadores prestacionales de este sistema son mejores que el chileno y español, que llevan más de 30 años de vigencia, el español tiene más de un siglo de vigencia.
Desde el punto de vista de lo que son los sectores productivos, los indicadores son más que alentadores y después está la contra cara que es en el plano judicial, los juicios crecen año a año. La solución estructural tiene que ver con hacerle alguna reforma a la ley particularmente los artículos que fueron cuestionados por la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuáles son los puntos en que no se pueden poner de acuerdo?
Básicamente lo que dijo Cristina ayer. La presidenta habló de una doble vía, el gran desafío de esta reforma es generar una fórmula de convivencia entre el sistema de responsabilidad civil y sistema especial o tarifado sobre la ley de Riesgo de Trabajo. Es importante destacar el concepto de equidad para que tanto empleadores como trabajadores puedan defender sus derechos en el marco de un sistema que le dé previsibilidad.
Desde el punto de vista técnico hubo mucho debate y esperemos que gracias a todo el impulso político que ha tenido en estos últimos días pueda ser abordado en forma racional.
¿Tiene que haber más que una ley para inhibir la alternativa judicial? ¿Cómo se hace cuando la justicia avala las presentaciones como se hace a través de la legislación para que eso no ocurra?
El punto es la forma. No se trata de inhibir la Justicia sino que hace falta crear una fórmula en la que convivan el ejercicio de un derecho que los trabajadores tienen, con la previsibilidad que necesitan las empresas.
Se han ensayado tres alternativas: una es la que prevee que el trabajador reciba toda la cobertura en tiempo y forma de manera automática, que son las primeras prestaciones en especies, prestaciones dinerarias y una vez consolidada esa incapacidad pueda optar por la prestación dineraria inmediata mucho más elevada que esta vigente desde noviembre del año pasado, y sino las alternativa del juicio civil.
¿Luego tienen que ser la jurisprudencia la que avala esos derechos?
En la medida que ésa formula de pago o prestaciones dinerarias refleje de alguna manera la sociedad en su conjunto a través de un proyecto legislativo que defina como razonable para nuestro país, debería ser una fórmula que finalmente se encuentre avalada por la justicia. Los sistemas de Seguridad Social son muy ponderados.
Esa sería una de las criticas que merezcan al sistema, el sistema que se armo en los 90 no contemplaba lo suficientemente bien y ahí quedo el problema...
Si uno compara con indicadores de prestaciones dinerarias en términos de cantidades de salarios para distintas incapacidades, nuestro sistema tiene mayor cobertura que el chileno o español. Por distintos motivos el sistema fue cuestionado, hay que resolver esos cuestionamientos con una reforma legislativa y no, con la obligación que cada trabajador para ejercer su derecho tenga que estar sometido a un proceso judicial que puede llevar años y generar incertidumbre no solo para el empleador sino para el propio trabajador que finalmente va a saber su va a poder ejercer su derecho una vez transcurrido todos esos años y si tienen una sentencia favorable y si haya una empresa solvente que sea capaz de pagar.
Me parece importante que podamos ejercer nuestros derechos en un marco de respeto hacia la otra parte, no ejercer el derecho a una mayor indemnización a costa de muchos otros costos sociales y económico.
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