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Felisa Miceli es la primera funcionaria kirchnerista condenada por corrupción, pero es muy posible que no sea la última. La ex ministra de Economía integra un club de figuras del Gobierno investigadas por la Justicia, como el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
A pesar de que Jaime renunció hace más de tres años, continúa siendo el más denunciado. Ya fue procesado porque el empresario Claudio Cirigliano le pagaba taxis aéreos, porque el concesionario de la Terminal de Retiro le abonaba el alquiler y también por la falta de controles que provocó la tragedia de Once, junto con su sucesor Juan Pablo Schiavi.
En tanto, Boudou está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y se encuentra complicado en la investigación por el caso Ciccone. Allí está imputado por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública: cuando era ministro de Economía, respaldó ante la AFIP un plan de pagos para que una firma vinculada a él –The Old Fund– se quedara con la imprenta.
Echegaray está en la mira de ese mismo expediente, ya que su organismo recaudador fue el que terminó otorgando las facilidades impositivas para Ciccone Calcográfica. Y todavía no puede respirar tranquilo en la causa por irregularidades en la Oncca, porque la Fiscalía de Investigaciones Administrativas apeló un sobreseimiento parcial.
El clan de funcionarios con problemas judiciales se completa con el ex secretario de Medios Enrique Albistur, bajo la lupa por el reparto de publicidad oficial.
Por último, el secretario de Cultura, Jorge Coscia, por los subsidios millonarios que repartió “a dedo” en el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).
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