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Infolatam - Madrid"El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina declarando inconstitucional un artículo de la ley 23.551, que regula el funcionamiento de los
sindicatos, puede suponer el inicio de un cambio radical en el funcionamiento de las asociaciones gremiales en el país.
Claro está que para que esto ocurra es necesaria la colaboración de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, con el fin de producir las leyes y medidas pertinentes para desmontar el actual entramado sindical, algo que está por ver y que seguramente requerirá bastante tiempo."
La estructura gremial argentina se caracteriza por la existencia de una central única, la Confederación General de los Trabajadores (CGT), muy reacia a admitir la competencia. Hacia abajo se repite el mismo esquema: sindicatos unitarios que tienen el monopolio de la negociación sindical y simultáneamente el control del dinero de las obras sociales, fundamental para mantener engrasada la maquinaria gremial y política, y abultados los bolsillos de los principales líderes. De ahí la asociación bastante común en el país entre dirigencia sindical, burocracia y corrupción. Esta imagen suele apoyarse en el desmedido tren de vida de buena parte de los dirigentes, especialmente los más relevantes, cuyas lujosas viviendas y automóviles no se corresponden ni con sus teóricos salarios ni con sus orígenes humildes.
Por si a este modelo le faltara algo para ser tremendamente exitoso, valga mencionar el enorme poder político de los sindicatos, especialmente la CGT, debido a su condición de "rama obrera" del Movimiento Peronista. De este modo, la simbiosis entre el peronismo y el sindicalismo ha sido prácticamente total, ya que las voces discordantes (de izquierda más o menos radical, demócrata cristianas o de cualquier otra filiación) eran acalladas de forma sistemática, por las buenas si era posible, o por las malas si era necesario. Las "patotas" sindicales, muchas veces con estrechos vínculos con las barras bravas de algunos clubs de fútbol, siguen teniendo una clara función intimidatoria. Pese a ello, desde 1991 existe la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que si bien no tiene la "personería gremial", figura legal que le autorizaría a actuar públicamente, sí cuenta con la "inscripción gremial", que la mantiene en la semilegalidad. La CTA tiene un carácter más reivindicativo e ideologizado que la CGT.
En base a su posición, el movimiento sindical oficial se constituye en uno de los principales apoyos del gobierno cuando el peronismo está en el poder, y en una potencial palanca de desestabilización cuando es oposición. Sólo contra la presidencia de Raúl Alfonsín se declararon 13 huelgas generales. La capacidad de extorsión de los sindicatos es prácticamente ilimitada, como lo han vivido en carne propia este gobierno y buena parte de sus antecesores.
El fallo de la Corte levantó ampollas entre los afectados, comenzando por el secretario general de la CGT y dirigente del sindicato camionero, Hugo Moyano, y sus principales lugartenientes. Entre las cosas dichas se señala que la decisión de la Corte es descabellada y que podría afectar directamente a la producción de varios sectores, ya que "para los gremios industriales... es un zafarrancho". "Estamos ante un tema en el que hay que mostrar sentido común y ese sentido común nos dice que por ese lado no podemos ir porque la producción se para... Basta con fijarse en lo que está pasando con Macri, que tiene que negociar con 17 gremios docentes o con Aerolíneas Argentinas, que cuando no paran los pilotos, [paran] los mecánicos y después al revés... Habiendo sindicato único, los empresarios pueden discutir con un solo representante. No se puede armar la producción con muchos sindicatos".
Pese a las buenas palabras existentes entre el gobierno Kirchner y la CGT de Moyano, por debajo de la mesa la situación es más complicada y los niveles de confianza mutua son bastante bajos. A esto se agregan razones históricas de cuando en los años setenta la "tendencia revolucionaria" del peronismo (la Juventud Peronista y los Montoneros) se enfrentaba a la burocracia sindical y a la ortodoxia partidaria. Mientras la dirigencia sindical se mantiene fiel a sus orígenes, muchos de los jóvenes de entonces ocupan hoy puestos en el gobierno. De ahí el temor de Moyano y sus seguidores a una supuesta traición de los Kirchner, que habrían estimulado el fallo judicial.
Cualquiera que haya sido la conducta presidencial y su intencionalidad, hasta ahora han demostrado una prescindencia casi absoluta. Sin embargo, la cuestión de fondo es en qué medida una administración que se ha caracterizado más por afrontar los problemas en función de sus propios intereses en vez de por reforzar la institucionalidad del país y el respeto de la ley, será capaz de democratizar los sindicatos. Si se avanzara en este camino, seguramente el esquema de poder y los mecanismos para administrarlo podrían comenzar a cambiar en Argentina.
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