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Es por un supuesto desvío millonario de un fideicomiso; también está denunciado Kirchner. La Cámara Federal porteña ordenó ayer reabrir una causa que investigaba al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el presunto desvío de 17 millones de pesos.
La supuesta favorecida con la maniobra fue la obra social del gremio de los camioneros que lidera Hugo Moyano.
Esta causa se había iniciado por una denuncia de un abogado particular que, sobre la base de artículos periodísticos, había acusado al ex presidente Néstor Kirchner; a su ministro de Planificación, Julio De Vido, y a otros funcionarios de haber financiado parte de la campaña electoral de 2005 con fondos de un fideicomiso que debían asignarse a mejorar servicios de transporte. Por eso, en la carátula del expediente figuran como imputados "Kirchner, Néstor y otros".
Pero el objeto de la causa, que originalmente era determinar si se habían desviado fondos de Transporte a la Secretaría de Medios, cambió cuando se incorporó un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que reveló graves irregularidades en el manejo de fondos que favorecieron, en buena medida, a la obra social de los camioneros.
La Auditoría revisó el manejo que la Secretaría de Transporte realizó entre 2001 y 2004 sobre el dinero transferido al sistema Ferroviario Integrado (Sifer) y al Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), y observó fallas de control.
Una de ellas fue que se habían realizado transferencias por 17 millones de pesos al sindicato de Moyano en concepto de "adelantos" por prestaciones, monto que resultó "notoriamente desproporcionado", según advierte la AGN.
Cuando recibió la denuncia, el fiscal del caso, Oscar Amirante, concentró su investigación en esta última irregularidad y en las contrataciones directas -es decir, sin licitaciones- que se realizaron por supuestos motivos de urgencia jamás acreditados, según afirma la AGN.
A estas dos cuestiones se suscribió la causa. El juez Sergio Torres citó entonces a declarar a los auditores que habían trabajado en el informe y, basado en que ellos no habían denunciado delito alguno, dispuso el cierre del expediente.
Ayer, la Sala II de la Cámara consideró que esa decisión había sido "prematura" y ordenó reabrir el caso. Los camaristas sostuvieron que es la Justicia, y no a la AGN, la que debe decidir si un hecho es delito, y que, como el sistema funcionaba con muy pocos controles, se tuvo por cierta la compensación "a partir de la nuda manifestación del propio secretario de Transporte". Dispuso así devolverle el caso a Torres para que profundizara la investigación.
Fuente: La Nación
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