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| KORENFELD, acusada por legisladores. |
Contra Korenfeld y directivos de la Superintendencia de Salud por irregularidades en el APE
DENUNCIA PENAL A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO POR MANEJO DE OBRAS SOCIALES.
(22 de Agosto) El diputado Manuel Garrido y el senador José Cano presentaron una denuncia penal contra Liliana Korenfeld, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, basada en las "groseras irregularidades" detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control del manejo de la Administración de Fondos Especiales (APE) que se les reintegra a las obras sociales "sin un control eficiente". La denuncia de los legisladores radicales presentada esta mañana es por la presunta comisión de los delitos de "administración fraudulenta, encubrimiento y peculado".
La denuncia incluye a Martín Alves (Gerente General), Ángel David Aragón (Gerente de Control de Gestión), Donato Spaccavento (Gerente de Prestaciones), Ricardo Bellagio (Superintendencia), Alejandro Ferrari (Unidad de Auditoría Interna) y Cristian Asorey (Coordinación de Sistemas).
Además, fueron denunciados los responsables de los Agentes de Seguro de Salud comprometidos en los casos que se detectaron y el resto de sus directivos por su posible responsabilidad en los hechos.
Cano señaló que la presidenta Cristina Kirchner "se tironea por esos jugosos fondos con los gremialistas como si fueran bienes de viuda sin incumbirles que esos recursos sean aportados por los trabajadores y sus patrones para resolver los problemas de salud de ellos y sus familias".
El senador tucumano afirmó al presentar la denuncia que se detectaron "casos de implantes de prótesis a personas mayores de 170 años e inclusive a personas fallecidas".
"También medicamentos truchos, distribución de fondos por vía de excepción y reintegros con firmas de profesionales que no existen", explicó.
Por su parte, Garrido manifestó que los fraudes detectados a partir de la labor de la AGN son "especialmente graves y revelan una gestión deficiente e ineficaz".
El diputado insistió en la necesidad de que la justicia determine las responsabilidades que existieron y que "la administración elimine los factores que posibilitaron estas maniobras".
Finalmente, los legisladores aseguraron que "la disolución de la APE no basta, ya que las estructuras hoy subsisten bajo otro rótulo".
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