Seguro: Los efectos de la era "K"

Tanto la presidencia de Nestor Kirchner‚ como su continuidad mediante el mandato de su esposa‚ Cristina Fernández‚ tuvieron efectos económicos‚ sociales y culturales; y la industria del seguro no estuvo ajena a ellos. Un repaso completo que muestra cómo fue el impacto de la administración Kirchner en el mercado asegurador.

Néstor Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003 con el 22% de los votos luego de que Carlos Menem renunciara a participar del ballotage. Por entonces‚ muchos se preguntaban cómo un gobernante podría llevar adelante un país que estaba emergiendo de una crisis sin haber obtenido previamente un respaldo consistente en las urnas. Sin embargo‚ su popularidad fue creciendo y su liderazgo se fue afirmando‚ dando comienzo a la que conocemos como “la era K”.

Tanto la presidencia de Nestor Kirchner como su continuidad establecida mediante el mandato de su esposa‚ Cristina Fernández‚ tuvieron efectos económicos‚ sociales y culturales y la industria del seguro no estuvo ajena a ellos.

Desde sus inicios con Néstor‚ hasta la actualidad con Cristina‚ pasaron seis ministros de Economía y el sector asegurador estuvo controlado por cuatro Superintendentes de Seguros: Claudio Moroni (2002/04); Miguel Ángel Baelo (2004/09); Gustavo Medone (2009/10) y el flamante titular del organismo‚ Francisco Durañona‚ designado en el cargo el pasado 22 de octubre.

Cada uno de los Superintendentes marcó con su impronta un momento de la historia de la industria. Ya sea desde Moroni‚ que se apoyó en su excelente vínculo con el entonces Jefe de Gabinete y ex Superintendente‚ Alberto Fernández; pasando por Baelo que fue un matemático de perfil bajo; o Medone -ligado al Ministro de Economía‚ Amado Boudou- quien mostró un mayor protagonismo en las relaciones con los empresarios del sector; y ahora Durañona‚ que llega a ocupar el máximo cargo del organismo con un perfil político indudablemente más alto.

Cuando Kirchner llegó al poder continuó en gran parte con la política económica de su predecesor y “nominador al cargo” Eduardo Duhalde‚ expresada por la continuidad del ministro de Economía‚ Roberto Lavagna‚ sosteniendo una moneda competitiva lo que permitió poner el énfasis en las exportaciones‚ y se trabajó activamente en el canje de la deuda para culminar con la cesación de pagos decretada en la crisis de 2001.

Dentro de la tarea que el ex presidente llevó adelante para salir del default‚ las aseguradoras –encabezas por las AFJP- sintieron por primera vez los efectos de la personalidad de Kirchner. Luego de una serie de negociaciones‚ las AFJP fueron las primeras que aceptaron la reestructuración de la deuda que el Estado mantenía con ellas‚ la cual representaba el 60% de su cartera y equivalía casi a 15.000 millones de dólares.

Tras el acuerdo‚ Kirchner firmó el viernes 8 de octubre un decreto de necesidad y urgencia en donde se fijaban los lineamientos del canje de la deuda en poder de las 12 administradoras del sistema de capitalización. Para llevar tranquilidad a sus afiliados‚ la cámara que nucleaba a las AFJP emitió entonces un comunicado en donde explicaba que las medidas adoptadas “llevarán a preservar el poder adquisitivo de los fondos previsionales y de los beneficios‚ tanto de los jubilados y pensionados actuales como de las prestaciones que se otorguen a futuro”. De esta manera‚ las AFJP –silenciosamente– comenzaban a ponerse de espaldas a sus afiliados y organizaban el escape de su propio negocio.

Luego del arreglo con las administradoras fue el turno de las compañías de seguros y los fondos privados de inversiones quienes también aceptaron el canje. El acuerdo se llevó a cabo en una reunión encabezada por el entonces secretario de Finanzas‚ Guillermo Nielsen‚ y los directivos de las principales aseguradoras. De la reunión surgió que a las compañías se les permitiría armar un esquema parecido al de los bancos y las AFJP‚ basado en la contabilización a valor técnico de los títulos en default en los balances de las compañías. Es decir‚ anotar en los balances el valor potencial futuro de los títulos y no su valor presente de mercado.

Durante ese mismo año‚ otro sector de la industria fue sacado de su letargo y sacudido por una serie de medidas de las que aún no se ha recuperado. La nueva Corte Suprema de Justicia -que empezaba a asomar- resuelve una serie de causas que resultaron determinantes para el futuro de las ART‚ dictaminando los emblemáticos fallos “Castillo”‚ que habilitó la competencia de la justicia provincial; “Aquino”‚ abriendo la posibilidad de la acción civil y el cúmulo; y “Milone”‚ que declaró inconstitucional el pago en forma de renta y habilitó la percepción de la prestación en un solo pago. Posteriormente‚ en junio de 2007 vendría el fallo “Llosco”‚ que confirmó la posibilidad de la acción civil a la percepción por LRT; y en febrero de 2008 se resolvió sobre la causa “Medina”‚ declarando inconstitucional la exclusión de los progenitores como beneficiarios del resarcimiento por muerte del trabajador.

El conjunto de estas resoluciones provocaron un notable incremento en la judicialidad del sistema‚ alcanzando niveles records año a año: En 2003‚ habían ingresado a la Justicia solo 2.947 causas pero para fines de 2010 se espera terminar el año con 60.902 juicios.

El regreso de la industria del juicio constituye probablemente el mayor retroceso que la industria aseguradora puede anotar en el pasivo de la “Era K”.

Si bien las aseguradoras han reclamado durante todo este tiempo una nueva Ley de Riesgos del Trabajo que garantice la continuidad sustentable del sistema hasta el momento no han obtenidos resultados concretos. Solamente -y a casi cinco años del primer fallo- se produjo una modificación a la norma que llegó de la mano del decreto presidencial 1694/09‚ firmado en noviembre del año pasado por Cristina Kirchner que pretendía bajar los índices de judicialidad. La medida triplicó los montos de las indemnizaciones por accidentes y engroso la lista de enfermedades laborales‚ sin embargo los resultados parecen no ser los esperados‚ la “industria del juicio” tiene dientes largos y afilados.

La estatización y el fantasma que sigue asustando

Otro fuerte golpe para la industria llegó la tarde del 9 de diciembre de 2008 con la Ley N° 26.425 que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un régimen previsional único y estatal que se denomina Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)‚ financiado a través de un sistema solidario de reparto. En síntesis: Desaparecieron las AFJP‚ las que de ninguna manera parecieron desesperadas por su destino y si protestaron‚ lo hicieron muy bajito.

La medida abolió el sistema de jubilación privado dejando solo la opción del sistema de reparto. De esta manera‚ la ANSES tomó control directo de los $ 98.224 millones de pesos ahorrados por los afiliados que manejaban las Administradoras y de alrededor de 12 mil millones de pesos al año que los trabajadores antes derivaban al sistema privado y desde entonces son percibidos por el Estado.

La ANSES se hizo responsable entonces histórica y materialmente de pagar en el futuro las jubilaciones a todas aquellas personas que habían ahorrado dentro del sistema privado y que tras el decreto pagan al estado el producto de su ahorro presente.

En tiempo record la iniciativa del Ejecutivo fue aprobada por el Congreso y en menos de un mes se convirtió en Ley. Tras la decisión‚ algunos de los trabajadores de las AFJP fueron absorbidos por el Estado en distintas reparticiones y algunos de los ahora ex – afiliados iniciaron el cruce del desierto judicial‚ reclamando contra la decisión y especialmente la devolución de los aportes voluntarios que estaban por fuera del sistema obligatorio‚ situación de cuya resolución ha habido distintos dictámenes judiciales‚ todos hasta ahora incumplidas.

Pero la implementación abrupta del SIPA no afectó solamente a las ex AFJP‚ sino que también las compañías de seguros de retiro fueron “víctimas indirectas” de la estatización del ahorro previsional. Esto se debe a que las aseguradoras trabajaban en forma conjunta con las administradoras‚ cubriendo el pago de las prestaciones de aquellos afiliados que optaban por rentas vitalicias‚ y con la eliminación del sistema privado sufrieron un fuerte impacto en su negocio

A este cuadro de situación‚ se le sumó la resolución Nº 33.653 que dictó la Superintendencia de Seguros que prohibió a todas las compañías de seguros de retiro a operar en planes de rentas vitalicias previsionales y rentas periódicas de la Ley Nº 24.557‚ razón por la cual las compañías dejaron de recibir el flujo originado por el desaparecido sistema de capitalización individual aunque continuaron liquidando los beneficios por los fondos que venían administrando.

Luego de hacer desaparecer el negocio de las AFJP‚ el fantasma de la estatización continuó rondando y quedó instalado en la mente de los aseguradores. Incluso‚ pone en duda el futuro de las ART‚ negocio que se encuentra en estado de incertidumbre permanente.

Pensar en verde

El año 2008 trajo bastantes novedades para la industria del seguro a raíz de fallos y resoluciones que afectaron directamente a diversos sectores‚ y el referido al medio ambiente no fue la excepción.

La Ley General del Ambiente fue promulgada en 2002 y desde entonces no paró de generar polémicas‚ fundamentalmente el eje de todas las discusiones es su artículo 42 en donde se exige tomar un seguro para reparar los posibles daños que se pudieran causar al ambiente. Desde su sanción‚ debieron pasar seis años para que llegue al mercado la primera oferta de una póliza que se ajuste en los términos a lo que “exige” la legislación.

En la actualidad‚ el único producto que se comercializa con aprobación de la SSN para cubrir este tipo de riesgo es el seguro de Caución. Sin embargo‚ hay una gran parte del sector que expresa su negativa ya que sostienen que la cobertura más adecuada para cumplir con lo que exige la Ley es un seguro de Responsabilidad Civil.

En este sentido‚ el ex Superintendente‚ Gustavo Medone‚ declaró meses atrás en un encuentro sectorial sobre este tema que la póliza de Caución es apta para cubrir en una primera etapa las exigencias de la Ley. El mismo Medone fue quien firmó el pasado 15 de junio la Resolución Nº 35.168 en donde dispuso que la SSN sólo aprobará pólizas ambientales a aquellas que previamente “hayan obtenido la conformidad ambiental emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”.

Según estimaciones oficiales‚ cerca de 35.000 empresas están obligadas a tomar el Seguro Ambiental Obligatorio‚ pero la realidad muestra que el nivel de tomadores es muy por debajo de esa cifra. Seguramente‚ la situación comenzará a revertirse cuando el seguro tenga una mayor difusión y se apruebe una póliza acorde a todas las necesidades.

La seguridad vial como Política de Estado

Tras varios años de lucha por parte de aseguradoras y diversas ONG´s finalmente el gobierno K tomo la iniciativa de adoptar políticas de estado en lo que se refiere a Seguridad Vial.

Uno de los mayores logros en este aspecto fue la modificación de la Ley 24.449 -sancionada el 9 abril de 2008- disponiendo en ella la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Esta medida surgió para intentar disminuir el número de accidentes de tránsito con sus consiguientes víctimas y heridos que registraban un preocupante incremento. Desde entonces‚ el nuevo organismo es “la autoridad en la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia’ Entre sus principales funciones se encuentran las de coordinar‚ impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional.

En el marco de esta política‚ se incorporó recientemente el Registro Único de Conducir con el objetivo de ordenar el tránsito vehicular y unificar los criterios de emisión y capacitación en los más de 3.000 municipios de todo el país. Asimismo‚ se creó el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SiNAT) ‚ que será el órgano encargado de recopilar‚ administrar y mantener la información relativa a los infractores e inhabilitados para manejar.

Entre los diversos recursos operativos con los que cuenta la Agencia‚ como partida presupuestaria asignada por la Ley de Presupuesto‚ cuenta con la contribución obligatoria del uno por ciento (1%) sobre las primas de seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros. Esta contribución es liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Si bien a la fecha la industria del seguro aun no detecta una reducción en la siniestralidad del sector automotor‚ se debe poner de manifiesto que la ley 24.449 constituye un paso adelante y que seguramente en su momento sus beneficios serán visibles.

La situación del mercado tras los 7 años K

Durante los años del kirchnerismo la industria del seguro ha transcurrido por diversos avatares como lo hemos mencionado‚ sin embargo‚ cabe destacar que en líneas generales se ha marcado un constante crecimiento en la evolución del mercado.

Actualmente se encuentran autorizadas para operar en el país un total de 180 compañías de seguros‚ 18 menos que en 2003. Del total de aseguradoras 99 se desempeñan en Seguros Generales y Mixtas; 5 en transporte Público de Pasajeros; 17 en Riesgos del Trabajo; 38 en Seguros de Vida y afines; y por último‚ 21 en Seguros de Retiro (dentro del contexto descrito mas arriba).

Cabe destacar que la curva de descenso en el numero de aseguradores que fuera persistente y aguda entre los años 2000 y 2003 se suavizo considerablemente en los años posteriores reduciéndose a aproximadamente un 11% del 2003 al 2009.

La disminución total del número de entidades en los últimos 10 años fue del 29%‚ con una mayor disminución relativa de las compañías que operan en seguros de vida‚ -38%‚ que fue el sector más afectado por la crisis de 2001 y por el cambio de sistema previsional.

Según datos de la Superintendencia de Seguros surge que la producción total para los 12 meses acumulados (septiembre 2009/agosto 2010) alcanzó los 37.810 millones de pesos con una variación positiva del 10‚1% respecto al mismo período del año anterior. En comparación‚ la producción del año 2003/2004 llegaba a 21.260 millones de pesos.

Pero si medimos de punta a punta del periodo 2003 – 2004 con la anualidad Septiembre 2009 – Agosto 2010 muestra que la producción de seguros ajustada por los índices de inflación que produce el INDEC no solo no aumento‚ sino que sufrió un ligero decrecimiento.

Es dable mencionar que si bien el seguro de automotores y el de ART han crecido sustancialmente‚ seguramente uno de los motivos que dan lugar a la esterilización del crecimiento en los montos globales es la virtual desaparición del seguro de retiro y el cierre de la actividad en el seguro colectivo de vida previsional

Las políticas establecidas bajo la influencia directa del Dr. Néstor Kirchner han dejado su marca. Debemos señalar como un valor positivo el hecho de que hoy estamos ante un mercado mas sano y transparente. El regreso de la “industria del juicio” a un estado de hiperactividad es quizás el dato mas negativo y del punto de vista de marketing debemos decir que las empresas locales han crecido en participación en los seguros comunes y masivos y las internacionales en los riesgos mas sofisticados‚ dentro de un contexto donde el mercado de seguros de vida es hoy básicamente un mercado asegurador de riesgos y no ya de ahorro‚ perdida considerable de valor para el mercado de capitales.

Con asignaturas pendientes de gran porte se abre esta nueva etapa de la política nacional. El seguro de vida necesita de incentivos fiscales‚ el de Accidentes del Trabajo de una nueva ley‚ y todos los segmentos de medidas que impidan que la industria del juicio siga creciendo‚ todo lo cual hará aun mas sustentable el crecimiento y generará nuevas inversiones para el sector.

viernes, 05 de noviembre de 2010

Emiliano Cobello

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